Un comentario publicado por la emisora La Primerísima califica el hecho de "verborrea política", que "el pueblo ni entiende, ni le interesa", pero que ofrece evidencias sobre la naturaleza de la oligarquía enfrentada al modelo cristiano, socialista y solidario puesto en práctica por el presidente Daniel Ortega.
Con el título "Los enemigos jurados del estado de derecho", el trabajo periodístico examina los supuestos intereses democráticos de grupos interesados en impedir el triunfo sandinista, cuando todas las encuestas sitúan a Ortega como favorito para los comicios del venidero 6 de noviembre.
Si la oposición creyera en el Estado de Derecho, debería comenzar por unirse al gobierno en su propuesta de referéndum sobre la reapertura de la causa que Nicaragua ganó ante Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, comenta el análisis.
Según reconoció la CIJ, la potencia norteña debe indemnizar a este país por la agresión, que impulsó y financió Washington, en los años 80 del siglo XX, lo que internacionalmente se conoció como "guerra sucia".
Pero exponer ese veredicto a los sectores más conservadores es como mostrarles "una Biblia a Satanás. Huyen de él como alma que se la lleva el diablo", refiere el artículo.
En cambio, agrega el texto, cuestionan las actuales operaciones comerciales entre privados mediante la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), "obligadas a ser privadas por la testarudez del presidente (Enrique) Bolaños de negarse a celebrar contratos con Hugo Chávez".
Si los opositores creyeran en el Estado de Derecho, contrapuntea la evaluación, ya hubieran nombrado en la Asamblea Nacional a los funcionarios con período vencido en los poderes del Estado.
Impedir su designación a tiempo fue un plan para tratar de crear en esta nación centroamericana un vacío de poder y dar la imagen de un Estado fallido para luego "proceder a destituir al presidente Ortega por incapacidad", recuerda la evaluación.
Ansiosos esperaban el vencimiento del período de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral y de otras instituciones, pero Ortega se adelantó a la estratagema, mediante un decreto presidencial que dio respaldo legal a la continuidad de esos funcionarios públicos.
Una verdadera defensa del Estado de Derecho, opina el escrito, debería ser coherente, independientemente de quien ocupe la presidencia de la República.
Sin embargo, en junio de 2005, la oligarquía actuó complacientemente cuando el presidente Enrique Bolaños, violando el artículo 164 de la Constitución, "pisoteó la soberanía de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua en su conflicto de poderes con el legislativo", ilustra el comentario publicado por La Primerísima.
Si creyeran en el Estado de Derecho, añade la reflexión, respetarían el artículo 48 de la Constitución el cual garantiza "â��la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos".
Tal aseveración remite a los cuestionamientos sobre la presentación de Ortega como candidato para los sufragios generales de este año.
Tampoco la oposición interna resulta coherente en sus exigencias al gobierno en cuanto a la actuación de la Policía, pues desconoce el papel otorgado por la Carta Magna a esos cuerpos armados e ignora que manifestaciones antigubernamentales provocaron la hospitalización de varios policías por lesiones graves, explica el escrito.
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