The Washington Post asegura que la ayuda que EEUU ha dado durante una década a Colombia para el combate al narcotráfico se ha usado para espiar y difamar a jueces y grupos opositores en el país.
El informe del diario estadounidense tiene lugar cuando la Cámara de Representantes de Colombia investiga la trama de escuchas y seguimientos ilegales que afectaron a magistrados, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
“Este es un nuevo aspecto por el cual el expresidente tendrá que responder ante el congreso norteamericano”, señaló a Caracol Radio Iván Cepeda, representante a la Cámara y una de las víctimas de las escuchas ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal).
“Yo personalmente haré inmediatamente una acción para que congresistas de EEUU tomen cartas en este asunto”, añadió Cepeda al anunciar que demandará en Estados Unidos a Uribe.
El artículo de primera página del Washington Post, y que cita como fuente de sus informaciones a documentos policiales y fiscales y exfuncionarios de los servicios de inteligencia colombianos, sostiene que “las revelaciones implican la ayuda de EEUU en atroces abusos de poder y acciones ilegales”.
Según el Post esas acciones las ha llevado a cabo el Gobierno colombiano “bajo el disfraz de la lucha contra el terrorismo y el contrabando de drogas”.
Para el jefe del Partido Liberal Colombiano (PLC), Rafael Pardo, esas revelaciones “aportan un nuevo actor” al proceso de las escuchas y seguimientos ilegales.
Sin embargo, para el senador Juan Guillermo Cristo, también liberal, “lamentablemente” el Gobierno Uribe “fue engañado” por cuanto “se usaron recursos de Estados Unidos en actividades no tan santas”.
En opinión de Cepeda, “es muy grave que el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos se esté utilizando para acabar con el prestigio de magistrados, periodistas y opositores políticos” en Colombia.
Según el congresista, con fondos estadounidenses el DAS supuestamente compró “equipos especiales para interceptar teléfonos” que “por órdenes del poder ejecutivo” no fueron usados para los fines que se tenían previstos.
Cepeda cree que llega el momento en que Uribe “debe empezar a responder” ante instancias internacionales por las escuchas y seguimientos ilegales.
Uribe está acusado ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de concierto para delinquir para desacreditar a la Corte Suprema de Justicia, abuso de poder e interceptación de comunicaciones.
El pasado jueves el exgobernante compareció precisamente ante ese comité y se defendió durante casi tres horas y después respondió por otras dos más a las preguntas de los congresistas, para dar explicaciones sobre la trama de espionaje ilegal.
EFE
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