La impresión es que estamos viviendo un retroceso de los gobiernos vinculados a la Alba y la simultánea profundización de la estrategia estadunidense para frenar el ascenso de Brasil en Sudamérica y, sobre todo, poner piedras en la alianza estrecha que está soldando con China.
Como describe el economista Óscar Ugarteche, la Alianza del Pacífico nacida en Lima pretende revivir los objetivos de la extinta ALCA con base en los TLC que Estados Unidos tiene firmados con los cuatro miembros, aunque aún está pendiente de aprobación el tratado con Colombia. Es, ciertamente, un pacto contra el Mercosur y la integración regional, y de modo más explícito contra el Consejo de Defensa Sudamericano, que avanza muy lentamente. Es un modo de frenar a Brasil y su creciente hegemonía regional. Pero es también el mejor camino para remachar la vocación de exportadores de minerales de esos países, que los convierte en campos de operaciones de las grandes multinacionales mineras y, por lo tanto, en sociedades extremadamente desiguales y polarizadas, sin industria ni ampliación del mercado interno.
El 5 de julio deben reunirse los presidentes de los 32 países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, nacida en febrero de 2010 como la primera alianza de toda la región sin la presencia de Estados Unidos y Canadá. Heredera del Grupo de Río y de la Cumbre de América Latina y del Caribe sobre Integración y Desarrollo, tiene prevista una reunión de ministros de Finanzas en mayo para diseñar mecanismos de comercio sin la utilización del dólar, para crear un sistema monetario, financiero y económico que desde América Latina se fortalezca desarrollando las capacidades necesarias para integrarse al mercado en condiciones de igualdad y beneficio mutuo en la construcción de un mundo pluripolar
, según el canciller venezolano Nicolás Maduro (Aporrea, 30 de abril).
Es evidente que toda tendencia encuentra su resistencia, y que Washington no podía dejar de tomar iniciativas en el patio trasero ante su creciente pérdida de protagonismo, ante un futuro inmediato en el que lo más probable es la profundización de la crisis de su economía y del dólar como moneda de reserva global. En el escenario interestatal de aguda disputa hegemónica, donde cada pieza que se mueve es observada en detalle por cada uno de los gobiernos, las elecciones en Perú son el elemento más importante a tener en cuenta en las próximas semanas.
Nadie ignora lo que está en juego. La revista brasileña Isto E entrevistó a Ollanta Humala sobre si la carretera interoceánica entre Río Branco, en el estado de Acre, y Puerto Maldonado, en la selva peruana, contribuirá al desarrollo de ambos países. La respuesta del candidato presidencial fue transparente: Brasil necesita un socio estratégico en este lado del Pacífico y creo que Perú es el socio ideal para cumplir ese papel
(Isto E, 20 de abril). Pero los puertos del Pacífico son estratégicos también para el comercio de China con Sudamérica, país que se ha convertido en el segundo socio comercial de la región y en el primer socio de Brasil, desplazando a Estados Unidos del lugar preferencial que ocupó casi todo el siglo XX.
En este escenario, las relaciones entre Colombia y Venezuela vienen experimentando cambios importantes desde que Santos llegó al Palacio de Nariño. Nada cambió en Colombia: la guerra sigue su curso mientras el modelo neoliberal se profundiza con un Plan de Desarrollo 2011-2014 que profundiza el despojo a pueblos indígenas y campesinos. Pero hay un cambio en la política exterior, un cambio cosmético pero que le permite pasar a la ofensiva ante sus vecinos. A la elección del ex izquierdista y ex sindicalista Angelino Garzón como vicepresidente se suma el nombramiento de María Emma Mejía como secretaria de la Unasur, cargo que comparte con el ministro venezolano de Electricidad Alí Rodríguez para suceder al fallecido Néstor Kirchner.
Además de haber sido canciller y ministra de Educación, Mejía tuvo su paso por el izquierdista Polo Democrático Alternativo, lo que consolida la estrategia de Santos de desmarcarse del uribismo en su política exterior para mostrar una cara más amable. En ese nuevo clima se produjo la deportación de facto de Pérez Becerra a Colombia, sin debate, sin juicio, obedeciendo sólo a una más que discutible razón de Estado. Todo indica que el periodista, acusado de vínculos con las FARC, fue víctima de una maniobra de Santos y de un cálculo de intereses de Chávez. El proceso bolivariano no atraviesa su mejor momento y las elecciones de diciembre de 2012 pueden ser la oportunidad que busca la oposición desde hace más de una década.
La razón de Estado y los intereses geopolíticos pertenecen a familias diferentes a los valores éticos de izquierda. Los primeros se guían por el pragmatismo, que es el arte de la política para conquistar o conservar el poder. La ética guía la acción colectiva para ir más allá de lo que tenemos, teniendo como norte la preservación de los colectivos humanos y no humanos, eso que llamamos naturaleza. En ciertos momentos puede haber coincidencia de intereses entre ambas lógicas. Pero lo que caracteriza la política ética es que nunca pone por delante los pequeños intereses, en general individuales, y las mezquindades grupales. Salvo que se mire el mundo desde arriba, no existe política sin riesgos, sin poner en juego en cada acción todo lo conquistado hasta ese momento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario