No son pocos los indicios –“rumores” prefiere llamarlos el presidente del Revolucionario Institucional--, que apuntan a que el grupo gobernante trabaja para reeditar la guerra sucia para mantenerse con cualesquiera de los siete compañeritos de Blanca Nieves –de preferencia el beneficiario de la operación Todos con Ernesto--, para despachar otros seis años en Los Pinos.
Cuando le restan 18 meses al segundo presidente de matriz blanquiazul, era de esperarse que los desatinos pasaran a formar parte de la experiencia acumulada para no reincidir en ellos, o en el peor de los casos repetirlos con más oficio y menos evidencias de que la impartición y administración de la justicia se utiliza para fines partidistas, politización le llaman otros, mas todos los asuntos públicos por definición son de naturaleza política.
El aprendizaje presidencial es limitado para desgracia del futuro inmediato del Partido Acción Nacional, pero sobre todo para los gobernados que pagan los platos rotos. Ni siquiera tiene cabida la idea de que es hasta el antepenúltimo año de gobierno cuando los presidentes del país acumulan la experiencia necesaria, tras cuatro años de “echando a perder se aprende”, como un prominente salinista de entonces y de ahora –lo cual habla también de coherencia y/o fidelidad--, me explicó en 1988.
El michoacanazo aún está latente en la memoria por la magnitud del desfiguro jurídico --montado por la hoy premiada titular de la Procuraduría General de la República-- y la mayúscula torpeza de Felipe Calderón al autorizar –previo aviso a Luisa María Calderón Hinojosa-- el arranque de un operativo policiaco para encarcelar a una treintena de alcaldes y otros funcionarios del Ejecutivo de Michoacán, que incluyó a uno que otro panista y priísta para demostrar que la justicia “no recibe línea política”, como repetían las desgastadas estrellas de la información y el comentario del duopolio de la televisión.
A ninguno de los entonces prisioneros “del gobierno de leyes” se le fincó responsabilidad penal, los jueces simplemente no encontraron elementos probatorios en el deficiente trabajo de Marisela Morales Ibáñez, Premio Internacional a las Mujeres de Valentía 2011, que le entregaron las señoras Obama y Clinton.
Todavía no cierra esa herida y el gobernador y los presidentes de los tres partidos mayoritarios dieron a conocer la idea de la candidatura única para elegir al sustituto de Leonel Godoy que, por supuesto, no tiene viabilidad y no tanto porque no pueda ser una solución para los complejos tiempos que vive Michoacán, sino porque desde Los Pinos se privilegian las políticas facciosas que alimentan la confrontación hasta el punto de pervertir la impartición de justicia.
Gabriela Karina Knaul de Alburquerque y Silva, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, dio cuenta en Ginebra, Suiza, de las carencias en la independencia del Poder Judicial mexicano, “la interferencia e influencia impropias de los sectores público y privado” (allí está el reciente caso de Emilio Azcárraga Jean y la detención de Paula Cusi Presa Matute), la participación del “Estado en el nombramiento de los magistrados (y de los ministros), la absoluta falta de independencia del Ministerio Público, la ausencia de transparencia y la corrupción, personificada en días recientes en el secretario de acuerdos que acumuló cientos de millones de pesos.
Si al extraordinario rezago judicial y su maquinaria que no funciona si no se le aceita con dinero, la autodenominada clase política --de la que forman parte destacadísima el grupo gobernante--, impone una nueva fase de la judicialización de la política, el país marchará más rápido al despeñadero.
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