En un comunicado publicado hoy, las agrupaciones saludaron el Acuerdo de Cartagena de Indias que permitió el regreso de Zelaya, un paso para resolver la crisis creada por el golpe de Estado, no obstante, advirtieron que el convenio no establece mecanismos para sancionar a los responsables de la asonada.
"El acuerdo no establece las bases, ni expresa el compromiso para que las personas que participaron en la ruptura del orden institucional -cometiendo graves violaciones de los derechos humanos- sean sometidas a investigación", señala el texto.
Además de enjuiciar a los responsables del golpe de Estado, la sociedad civil hondureña demanda esclarecer los asesinatos de periodistas y dirigentes populares y adoptar medidas para poner fin a las amenazas contra defensores de los derechos humanos.
Miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público y de la cúpula militar que lideró el cuartelazo se mantienen en sus cargos y varios militares dirigen hoy instituciones civiles.
En dichas circunstancias, un reingreso de Honduras a la OEA va en detrimento no sólo de la democracia hondureña, sino también de todas las democracias del continente americano, señalaron los firmantes.
El documento lo rubricaron el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Asociación de Jueces por la Democracia, Abogados en Resistencia, Centro de Derechos de Mujeres, Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla y el Comité por la Libre Expresión.
También firmaron el texto el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, la Organización Fraternal Negra, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador, entre otras organizaciones.
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