Por Fernando de Dios
SAN SALVADOR – Decía este viernes en la mañana el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, que "nunca antes hubo tanta democracia en América". No fue el mejor día para decir eso en El Salvador.
Este día se conoció que el presidente Mauricio Funes sancionó el viernes en la tarde, pocas horas después de su aprobación, el decreto de reforma de la Ley Orgánica Judicial aprobada por la derecha parlamentaria, que establece que las sentencias de la Sala de lo Constitucional deben ser aprobadas por unanimidad de sus cinco miembros. Nunca antes el mandatario había actuado con tanta diligencia y prontitud.
Muchos han expresado su asombro y enojo ante lo que ha hecho por el mandatario, acto que incluso ha sido calificado como "golpe de estado técnico" al sector de justicia.
El presidente sancionó la reforma, que fue una propuesta del Partido de Conciliación Nacional (PCN), de forma inusualmente rápida y la envió a la imprenta nacional para que sea publicada en el Diario Oficial con fecha de 2 de junio, lo que supone que a efectos prácticos esas reformas son válidas desde el jueves.
Esta alianza de Funes y la derecha supone un freno al proceso de reformas electorales que estaba impulsando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), calificada por algunos, por ejemplo el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, como el segundo gran proceso de reformas al Estado después de los Acuerdos de Paz.
Sin embargo, el que hasta ahora había sido el verdadero motor del cambio en el país, la Sala de lo Constitucional, ha sido atacada de forma clara por los otros dos poderes del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo.
Las consecuencias de que se consume este golpe a la institucionalidad del país son graves, pues una vez más la sensación es que la democracia, esa palabra con la que se llenan la boca a cada rato los políticos salvadoreños, está al servicio de intereses que no son precisamente los del pueblo.
De este modo, como dice el analista y director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), se ha perpetrado un "golpe de Estado técnico" en el que se intenta bloquear el accionar de uno de los tres pilares que sustentan la institucionalidad.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) hizo público un comunicado en el que también califica la reforma de "golpe a la democracia salvadoreña" y considera que se ha roto el sistema de pesos y contrapesos del Estado a favor del gobierno.
"Con la reforma de esta ley, el poder judicial, que ejercía un importante contrapeso para defender la democracia, ha sido neutralizado", añade ANEP en su nota, en la que también critica la decisión del presidente de sancionarla "sin analizar la constitucionalidad y la conveniencia para la democracia".
El presidente de la Asamblea Legislativa y directivo del partido que llevó a Funes a la Presidencia, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Sigfrido Reyes, calificó hoy de "aberración", "tragedia para la democracia" y "golpe severo" a la institucionalidad del país esta decisión.
El máximo representante del Primer Órgano del Estado afirmo que "con esto estamos dando un golpe muy fuerte al Estado de derecho, a la independencia de poderes, y se le está bloqueando a cualquier ciudadano salvadoreño su derecho a la justicia, sobre todo a la justicia constitucional".
El presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), Omar Pastor, también señala que con esta reforma se viola el derecho de la ciudadanía a acceder a la justicia.
"Imagínese que a usted ilegalmente le quitan una casa; presenta un amparo y, como no están de acuerdo los cinco porque alguno es amigo de su enemigo, entonces así se queda y usted pierde su casa", explica el jurista.
Pastor coincide en su análisis con las opiniones que ven una aberración jurídica esta reforma, pues ningún órgano colegiado funciona tomando sus decisiones por unanimidad en un sistema democrático, sino por mayorías simples y cualificadas, al igual que ocurre en la propia Asamblea Legislativa.
Sigfrido Reyes también lamentó que el presidente se haya dado tanta prisa en sancionar un decreto cuya lógica, en su opinión, "no resiste ningún análisis serio desde el punto de vista político y jurídico".
"La democracia no solamente consiste en que existan procesos electorales limpios y transparentes, sino también que haya instituciones fuertes, creíbles, donde haya acceso a la justicia, donde haya independencia de poderes y con el decreto prácticamente se está anulando de justicia constitucional en el país", añadió.
¿Por qué lo ha hecho Funes?
La sorpresa en los analistas es general. Nadie esperaba que Funes sancionara con tata premura la reforma impulsada por el Partido de Conciliación Nacional (PCN) y apoyada por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA).
Pero tras el asombro, intentan interpretar la decisión del presidente apuntando hacia algún trato de éste con los partidos para aprobar medidas legislativas de su interés.
"Lo único que yo puedo imaginar es que tiene compromisos de yo te doy tú me das acerca de que aprueben, quizá, el impuesto a la seguridad, que le aprueben cosas que él quiere, y la prueba de amor que dio fue ésta", aventuró el analista político y firmante de los Acuerdos de Paz, Roberto Cañas.
El analista afirma que nunca ha visto algo como esto, aunque la historia del país es profusa en episodios políticos reprobables.
Roberto Rubio se muestra sorprendido por la rapidez con que llegó la sanción presidencial y concede que parece que todo estaba ya hablado. También aventura que es posible que tanto los partidos de derecha como el propio ejecutivo hayan valorado que la Sala tiene por delante resoluciones que les afectan a ambos.
En concreto, en el caso de Funes, Rubio apuntó a una sentencia pendiente sobre las empresas de telefonía por cobros de comisiones en llamadas al exterior que podría costarles, según el analista "como 40 millones de dólares".
Por otra parte, Roberto Cañas opina que Funes ha subestimado "la capacidad de reserva moral de este pueblo".
"Esto no tiene ningún antecedente conocido; es nefasto para la democracia, y abre una dinámica social que sabemos cómo ha comenzado; cómo va a terminar nadie sabe", añadió.
Disidentes en ARENA
La relevancia de este asunto ha llegado a provocar que dos diputados de ARENA hayan declarado públicamente su disconformidad con la decisión de su partido de apoyar la reforma presentada por el PCN.
Guillermo Ávila Qüehl, uno de los pesos pesados del grupo parlamentario tricolor, declaró en una entrevista al periódico digital El Faro que sus principios y su formación como abogado no le permitían apoyar este decreto, por lo que lo comunicó a su jefe de fracción y solicitó ser sustituido por su suplente.
Ávila Qüehl expuso una serie de argumentos técnicos y políticos contra la reforma que establece el decreto y afirmó que "con esto lo que estamos buscando es que no haya resoluciones de la Sala" y que "mi condición de abogado no me permite apoyar eso".
Finalmente el diputado arenero enfatizó: "Yo no le reclamo nada a mi partido, pero tampoco el partido que me reclame a mí por tener mi posición independiente como ahorita".
En la mañana de este viernes, otro de los estandartes del partido ARENA, el hijo de su fundador, Roberto José D´Aubuisson, divulgaba su disconformidad con la posición de su partido de apoyar esta reforma.
D´Aubuisson, que no acudió al inicio de la plenaria por estar participando en un programa radiofónico, afirma que se cuando llegó a su curul y vio la reforma que se estaba preparando, decidió no apoyarla por no estar seguro de los argumentos de su partido.
"Al regresar (a la Asamblea) me enteré de dicho asunto, que no había sido discutido en Reunión de Fracción y al no tener mayores elementos hice las consultas pertinentes; pues hace un mes otros partidos trataron de impulsar la misma reforma y ARENA no acompañó; por tanto sentí que las razones por las que nos opusimos entonces seguían siendo válidas", explica en su escrito.
El diputado añade que "hoy más que nunca" está convencido de la necesidad de las listas abiertas y desbloqueadas en las elecciones para dar un mayor compromiso al representante con sus representados "y con su conciencia".
Y finaliza señalando al incongruencia cometida por su partido al apoyar la reforma del sistema de votación de la Sala de lo Constitucional.
"No estoy de acuerdo con lo sucedido, siento que no está acorde con la esencia de un Estado de derecho, es más, no podría acompañar algo así cuando he dado iniciativa a una reforma a la misma ley para que en la Sala de lo Contencioso Administrativo los acuerdos sean por mayoría y no por unanimidad; pues siempre he tratado de ser coherente con mis posiciones", expone D´Aubuisson.
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