MARIELOS MONZóN
“Durante el período com-prendido entre 1979 y 1985 la espiral de violencia siguió aumentando hasta alcanzar niveles inimaginables. Los gobiernos de los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt concentraron sus esfuerzos en aniquilar al enemigo interno, limitándose no sólo a combatir a la guerrilla, sino atacando sistemáticamente al movimiento social y a la población en las áreas de fuerte presencia guerrillera, principalmente población maya”.
Así inicia el capítulo Agudización de la violencia y militarización del Estado del Informe Guatemala Memoria del Silencio, de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) de Naciones Unidas. El documento detalla cómo en el gobierno de Lucas García (78-82) la estrategia contrainsurgente se concentró en eliminar al movimiento social tanto urbano como rural, así como a combatir a la guerrilla. Narra cómo durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt (82-83) se dio continuidad a la estrategia de tierra arrasada, destruyendo cientos de aldeas, principalmente en el altiplano, y provocando un desplazamiento masivo de la población civil; y cómo el Ejército implantó estructuras militarizadas como las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) para consolidar su control sobre la población. Explica que el régimen del general Humberto Mejía Víctores (83-85) continuó con esta estrategia, fortaleciendo la militarización con la expansión e institucionalización de las PAC y dándole un fuerte empuje a los polos de desarrollo y aldeas modelo.
La ofensiva contrainsurgente, concebida e iniciada durante la administración de Lucas García, fue ampliada y profundizada por el gobierno de Ríos Montt. Los Planes de Campaña: Ceniza 81, Victoria 82 y Firmeza 83, representaron el punto máximo de las operaciones del Ejército. Sus objetivos fueron definidos por los propios militares con metáforas tales como la necesidad de “quitarle el agua al pez”, señala el informe de la CEH.
Hasta el viernes 17 de junio del 2011, ningún alto mando del Ejército había sido capturado por su vinculación directa con estos hechos. Con la detención del ex jefe del Estado Mayor del Ejército general retirado Héctor Mario López Fuentes se da un primer golpe al muro de impunidad que se ha erigido para proteger a quienes diseñaron y ordenaron el genocidio. Once años debieron transcurrir para que rindiera fruto la denuncia que en el 2000 presentaron familiares de las víctimas ante el Ministerio Público.
López Fuentes es acusado de haber participado en 10 mil crímenes de lesa humanidad, entre estos, en al menos 77 casos de desaparición forzada, 317 asesinatos de personas que luego fueron sepultadas en fosas clandestinas y 12 masacres en el Triángulo Ixil. Según la Fiscalía de DDHH del MP, los crímenes ocurrieron al ejecutarse los planes Sofía, Victoria 82 y Firmeza 83, creados cuando fungió como jefe del Estado de la Defensa en época de Ríos Montt.
La investigación y acusación realizada por el MP es un paso crucial en la lucha contra la impunidad y abre la posibilidad para que el Organismo Judicial cumpla con su deber de juzgar el genocidio. Es con hechos, y no con palabras y comunicados de prensa, como se demuestra la independencia judicial que hasta ahora ha sido inexistente, porque no se puede defender algo de lo que se carece. Parafraseando a la presidenta argentina, Cristina Fernández, esta captura evidencia que no existen los puntos finales en las violaciones a los derechos humanos.
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