El pasado 6 de abril, el presidente Porfirio Lobo emitió un Decreto de Emergencia que contemplaba dos sanciones: deducciones de sueldos por los días trabajados y suspensión por seis meses de 303 maestros que se ausentaron a clases por asistir a huelgas.
La mesa de diálogo instaurada poco después busca zanjar la problemática en el sistema educativo nacional, pero los profesores anunciaron que mantendrán las medidas de presión hasta que el gobierno les restituya todos sus derechos y cese la persecución en su contra.
La crisis entre el Ejecutivo y el magisterio se agravó a fines de marzo a raíz de una serie de iniciativas gubernamentales que fueron rechazadas por los docentes, quienes defienden el derecho a la educación pública y se oponen a la privatización de la enseñanza nacional.
Según explicaron, la privatización dejará a millones de niños, niñas y jóvenes sin el derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria y disminuirá la calidad al remover a profesionales especializados en este campo
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