En las vistas que desarrolla la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental del Senado, el republicano Issa aseguró que los jefes de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en inglés) estaban plenamente al tanto de los detalles de la operación.
Asimismo, el senador republicano Chuck Grassley precisó que centenares de armas destinadas a los carteles mexicanos resultaron adquiridas en armerías de Arizona para darle seguimiento en la fracasada operación.
Ambos parlamentarios presentaron un informe en el cual aseguran que los artefactos traficados causaron varias muertes y exigieron castigo para los que autorizaron la operación.
Un agente de ATF involucrado, John Dodson, aseguró que la orden de sus superiores era permitir el paso de las armas, pese a que sabían que estas irían a mano de delincuentes.
En la reunión de la Comisión participaron familiares del agente Brian Terry, muerto el 14 de diciembre de 2010 en una acción en la que aparecieron armas procedentes de la fallida operación.
El informe de los legisladores implica directamente al director en funciones de la ATF, Kenneth Melson, y a otros miembros de su directiva.
Familiares del agente asesinado exigieron justicia contra la persona o el grupo que tomó la decisión.
Mientras tanto, el procurador adjunto Ronaldo Match defendió la política oficial sobre armas y aseveró que no es su política permitir el trasiego de armas a México.
Es una misión crucial del Departamento detener el flujo de armas, una tarea que presenta retos bajo los estatutos vigentes, subrayó durante su testimonio.
El directivo reiteró la posición del procurador Eric Holder de no permitir deliberadamente el trasiego ilegal de armas a México por ningún motivo.
Durante las vistas, los republicanos que encabezan el Comité prohibieron la discusión de proyectos legislativos para reformar las leyes de control de armas en Estados Unidos.
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