En este país hacen falta muchas cosas, pe-ro diría que las tres principales son pan, educación y justicia. Gonzalo Fanjul, experto español en el tema de pobreza, dice en el blog de El País, que “si tuviésemos que describir las paradojas de un sistema alimentario global roto, difícilmente encontraríamos un ejemplo mejor que Guatemala.
Este país centroamericano, que puntúa alto en la lista de potencias agrarias —quinto exportador mundial de café y azúcar—, destaca más todavía como campeona regional de la inseguridad alimentaria: uno de cada dos niños menores de cinco años padece desnutrición crónica, una cifra que se eleva al 70% cuando se trata de menores indígenas.”
Cómo es posible, se pregunta Fanjul, que un país con un verdadero filón de recursos naturales padezca niveles tan insoportables de pobreza e inseguridad alimentaria. La respuesta no es técnica, asegura. “Las tierras tienen rendimientos altos y el país cuenta con los recursos productivos necesarios. El problema es que estos recursos —empezando por la tierra— están obscenamente concentrados en las manos de unos pocos. A pesar de haber sido el primer país latinoamericano en aprobar una Ley Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Guatemala conserva un régimen feudal de reparto de la tierra —el 8% de los propietarios concentran el 80% de las tierras productivas—, lo cual explica que buena parte de la pobreza extrema se concentre en zonas rurales, donde los productores pobres también son consumidores pobres.”
Históricamente, los grupos de poder económico han jugado a las marionetas con nuestra clase política, para garantizar modelos agrarios orientados en exclusividad a las grandes exportaciones y explotaciones. Por su parte, los campesinos han dependido del olvido de la clase política, de la falta de asistencia técnica y económica, y de la violencia de los grupos nacionales o transnacionales que usurpan el papel del Estado y les dan un programita de atención integral en las comunidades, mientras esquilman los recursos naturales del país y se hacen millonarios a costa de nuestro deterioro ambiental y humano.
En Guatemala, la crisis no es únicamente alimentaria, es de conciencia. Las familias desalojadas violentamente en el Polochic, de marzo para acá, no solo han perdido tierras y viviendas; perdieron la posibilidad de recoger la cosecha de maíz, frijol o chile que garantizaría su subsistencia. Y como dice una de las desalojadas: “Me duele, porque el trabajo no es de un solo día ni de una semana (…) ahora nuestra milpa y todo nuestro trabajo se va bajo tierra (…) si mi esposo estuviera en la calle la ley dice que es asaltante, quiere decir que no podemos hacer nada, si luchamos y vamos a trabajar, sembramos chile y frijol, eso no es robar, no es pecar, (….) de eso comemos y bebemos (….) hago comparación y es como si mi hijo se está muriendo. Duele esto.”
Señala Fanjul que, con un presupuesto de poco más de Q600 millones, nuestro Ministerio de Agricultura es incapaz de hacer frente a la inseguridad alimentaria. Por eso, organizaciones campesinas, junto con otros actores de la sociedad civil, exigen desde hace años que el Estado cumpla con sus obligaciones y garantice el derecho de los guatemaltecos a la alimentación, propósito principal de la Ley de Desarrollo Rural Integral.
El Polochic no es una excepción, y la lucha de tantos campesinos que incluso han visto morir a los suyos como en el caso de Antonio Beb Ac y Margarita Chub Che, parece interminable. ¿A quién le conviene sostener este orden y el mito de que la agricultura familiar y campesina no puede llegar a cumplir los objetivos de eficiencia, sostenibilidad y equidad que requiere el sistema alimentario del futuro? ¿Nos indignamos, o aún nos parece poca el hambre de pan y justicia?
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