Juan Ginés de Sepúlveda, defensor oficial de la conquista, colonización y evangelización de los indígenas en América, justificaba, en 1550, el derecho de unos pueblos de someter a otros porque unos eran civilizados y los otros bárbaros. En De la justa causa de la guerra contra los indios, dice: [] “Con perfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles como niños a los adultos y las mujeres a los varones, habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de gentes fieras y crueles a gentes clementísimas. ¿Qué cosa pudo suceder a estos bárbaros más conveniente ni más saludable que el quedar sometidos al imperio de aquellos cuya prudencia, virtud y religión los han de convertir de bárbaros, tales que apenas merecían el nombre de seres humanos, en hombres civilizados en cuanto pueden serlo”.
De esta concepción medieval, heredera del pensamiento aristotélico que dicta que hay una “ley natural” que define un “orden natural” para amos y esclavos, derivó un orden guatemalteco que despojó a los indígenas de sus tierras por siglos y los relegó, durante la colonia (y más allá), a la esclavitud y la marginación. No es sino hasta mediados del siglo XX cuando algunos indígenas obtienen el estatus de ciudadanía en Guatemala, y hasta hoy perviven frases tan criollas como: “que agradezcan que tienen trabajo” o “indios igualados”. Pero más que frases, lo que pervive es una subjetividad y unas prácticas que permiten que las mineras transnacionales de oro a cielo abierto, prohibidas en países “civilizados”, se instalen hoy en día en los territorios donde viven principalmente pueblos indígenas, con todo lo que ello supone. Perviven los rasgos cíclicos y sistémicos de un modelo de acumulación y despojo que nos hacen preguntarnos quiénes son los bárbaros, quiénes sus cómplices locales y a quién sirven las leyes.
Volvemos a pensamientos como los anteriores ante la insistencia del presidente Álvaro Colom porque se apruebe, a toda prisa, el Reglamento de la Consulta Popular, mientras que ninguna de las 11 iniciativas para modificar la Ley de Minería que duermen en el Congreso desde hace años ha sido aprobada. ¿Por qué asegura el presidente que las consultas populares sólo serán válidas y vinculantes si se hace ese Reglamento? Esto no solo es una argumentación jurídicamente insostenible, como escribo en el artículo del jueves recién pasado, sino que viola varias normas constitucionales.
Hace pocos días, en la Flacso, Víctor Ferrigno, Magdalena Sarat, Martín Sacalxot y Simona Yagenova integraron la mesa en un foro público sobre “Las Consultas y La Defensa del Territorio”. Cada quien, desde su especialidad y experiencia, aludió a este tema con mucha profundidad y aportó elementos importantes para el debate y para estas columnas. Algo que me parece relevante mencionar es que, además de lo jurídico, hay que tomar en cuenta que los pueblos indígenas se están constituyendo, cada vez más, en un nuevo sujeto social que plantea también nuevas preguntas ante esta subjetividad de usurpación sostenida.
El Consejo de los Pueblos Mayas de Occidente nos informa sobre el proceso Constitucional de amparo, presentado por su comisión jurídica el 24 de marzo, contra el acto administrativo del Ejecutivo de reglamentar las consultas. Señala que la Corte de Constitucionalidad resolvió, el 24 de mayo, otorgar el amparo provisional solicitado, y suspender temporalmente el procedimiento que iniciara el presidente de la República —autoridad impugnada—, cuyo objeto era aprobar el proyecto de reglamento, denominado “Reglamento para el proceso de consulta del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes”, así como la disposición por la cual el Ministerio de Trabajo y Previsión Social concedía el plazo de 30 días hábiles para recibir opiniones respecto del proyecto de reglamento mencionado. Dicho Consejo, como otras instancias y grupos indígenas, espera de los magistrados de la Corte la sentencia a favor de los pueblos indígenas. Pero está por verse hasta dónde arrastramos la vergüenza de siglos.
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